El camino equivocado

Nacho Pérez

Hace ya tiempo que estamos asistiendo a decisiones políticas que nos llevan por el camino equivocado. Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en nuestro país en el otoño de 2008, en un contexto de crisis financiera internacional, las políticas económicas han tomado diversos derroteros. Todas las alabanzas a la vuelta de la política keynesiana (ya que asistíamos a una crisis calcada a la de 1929) como solución ya conocida (véase el ejemplo del New Deal de Roosevelt, inspirado en este tipo de política económica) se desvanecieron poco más tarde. 

Parecía que enterrábamos los discursos neoclásicos imperantes en la ciencia económica desde la crisis del petróleo (crisis de oferta, con un origen totalmente distinto a las crisis del 29 y la del 2008, a pesar de llevar el mismo nombre, como señalaba Sampedro). Porque no todas las crisis tienen el mismo origen y, por tanto, no se deben combatir con el mismo tipo de políticas. 

Pero el miedo a perder todos esos años de desregulación y liberalización de los mercados que nos habían llevado, precisamente, a la crisis iniciada en 2008, hizo aparcar rápidamente las políticas de estímulo al crecimiento (de corte keynesiano, como las llevadas a cabo en el Plan Europeo de Recuperación Económica), sustituyéndolas por políticas de ajuste presupuestario (especialmente, desde mayo de 2010) y de reformas estructurales. 

Es decir, estamos combatiendo una crisis (agudizada en 2011) de demanda con políticas de oferta. Combatimos el corto plazo con medidas a largo plazo. Y tanto nos hemos enredado, que ni una cosa ni otra. Seguir creyendo en que la reducción del déficit público nos salvará de todos nuestros problemas no se puede entender más que como un acto de fe, pues la evidencia muestra que la economía va por otros caminos. 

Mientras en el continente europeo se han redoblado los esfuerzos por cumplir con creces el objetivo de déficit público marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que se sitúa en el 3% del PIB, aunque ahora vayamos más allá y busquemos el déficit cero garantizado en las Constituciones de cada Estado miembro de la Unión), al otro lado del Atlántico han prevalecido como objetivos de la política el crecimiento económico y del empleo, antes que la consecución de un déficit ajustado en el corto plazo. 

Y los resultados están a la vista: mientras la Eurozona se encamina a una nueva recesión (se prevé que en 2012 el PIB caiga un 0,3%) y una nueva oleada de destrucción de empleo (aumentando en 7 décimas la tasa de paro), en Estados Unidos las previsiones de crecimiento alcanzan el 2,2% para este año, con una reducción de la tasa de paro de 8 décimas (según las previsiones del FMI y del Consensus Forecast de abril de 2012). 

Pero no contentos con esta evidencia, en España seguimos profundizando en las reformas estructurales (ya firmada la laboral, anunciadas las de la sanidad y la educación). Estas reformas no facilitarán la salida de la recesión a la que nos encaminamos, antes al contrario, contribuirán a que sea más profunda. 

Por ejemplo, la reforma laboral ya ampliamente comentada en este blog, no sólo no favorece la creación de empleo (el propio gobierno estima una destrucción de empleo para este año de nada menos que el 3,7%), sino que va a sentar las bases para que en el futuro, el empleo creado sea de peor calidad. Fijándonos únicamente en el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, donde se universaliza el despido sin causa y gratuito, al establecer un periodo de prueba de un año en el nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores (es decir, en empresas de menos de 50 trabajadores, que suponen el 99% de las empresas españolas). Las estadísticas hasta la fecha no permiten analizar la incidencia de este nuevo contrato ni, sobre todo, si se utilizará en sustitución de los contratos temporales. En todo caso, el aumento de la rotación (mayor flexibilidad externa, en la salida) sin mejorar la seguridad (antes al contrario, recortando las políticas activas que permiten acortar los periodos de desempleo y eliminando la seguridad que supone la necesidad de justificar el despido e indemnizarlo) no camina hacia una mayor flexiseguridad (instrumento para mejorar la creación y la calidad del empleo) sino única y exclusivamente hacia una mayor flexibilidad. 

Flexibilidad, competitividad y confianza son las palabras mágicas que figuran en todo discurso político, pero ¿qué sentido tienen? 

• Flexibilidad, en el ámbito laboral, es la capacidad que tienen las empresas para adaptarse a las condiciones cambiantes de la coyuntura económica, ya sea modificando el número de trabajadores (flexibilidad externa) o la intensidad y condiciones en el uso del factor trabajo (flexibilidad interna). Y eso es lo que se ha modificado en la reforma estructural del RDL 3/2012, facilitando una mayor flexibilidad externa e interna, dotando al empresario de capacidad para modificar las condiciones de trabajo (sin necesidad de negociarlas en convenios colectivos). Pero flexibilidad también es la capacidad que los trabajadores tienen de adaptarse a los cambios técnicos y tecnológicos y de compaginar su vida laboral y familiar. Y de esto último no hay nada en la reforma laboral, sino todo lo contrario: modificar unilateralmente las condiciones de trabajo hará que muchos trabajadores del sector servicios, con una más elevada rotación de turnos, con jornadas a tiempo parcial, es decir, con menores remuneraciones totales, no tengan posibilidades de conciliar en ningún caso. 
• Ganar en competitividad significa ser más competitivos que los demás, es decir, ampliar cuotas de mercado a costa de nuestros vecinos. ¿Cómo mejorar la competitividad? O bien vendiendo más barato o bien vendiendo con más calidad. Optar siempre por la primera opción es apostar a perdedor. No se puede ser competitivo si no se aporta mayor calidad, al margen de mejores precios. No siempre los que más cuota de mercado tienen son los que ofrecen los precios más bajos, sino los que tienen una relación calidad-precio más ajustada. Mejorar en calidad supone, necesariamente, invertir previamente. Y la inversión en capacidad productiva y en mejoras tecnológicas (I+D+i) no parece que se recupere de momento (las previsiones apuntan que este año la caída en la Formación Bruta de Capital será del 7,3%) y los anuncios de recortes en sectores como la educación (soporte de la investigación) y la sanidad no auguran una recuperación siquiera en el medio plazo. La reforma laboral sólo incide en la disminución de costes laborales (costes de despido y modificaciones de las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios), pero no apunta nada en aras de una mayor calidad. 
• Dar confianza se ha convertido en la necesidad imperiosa del Gobierno (de vigente y del anterior). La confianza se basa en la creencia de que en el futuro las cosas irán mejor. Tal y como explican Akerlof y Shiller en su libro Animal Spirits, tener confianza, tener fe, confiar en que las políticas actuales mejorarán las condiciones futuras, permite realizar en el momento actual los proyectos hacia futuro, ya sean de consumo o inversión, con lo cual, la actividad económica mejorará ahora y en el futuro. La confianza se basa también en que las políticas que se están llevando a cabo, a pesar de los inconvenientes actuales, mejorarán las condiciones futuras. Pero, en este caso, los proyectos tienen el peligro de retardarse, porque el futuro se presenta mejor que el momento actual, postergándose así los propósitos en el tiempo. Un futuro que no será mejor porque no se llevan a cabo proyectos (de consumo o inversión). Las reformas actuales, en este contexto recesivo, no generan la confianza de un futuro mejor, sino todo lo contrario. Y eso es lo que están recogiendo (al margen de los movimientos especulativos) las primas de riesgo que se disparan en los mercados financieros. Y esto supone entrar en un círculo vicioso: la actividad económica no mejora porque no hay financiación y la financiación es cada vez más costosa porque la confianza en que la economía española retomará sendas de crecimiento en el corto o medio plazo (y con ello, la capacidad para hacer frente a las deudas adquiridas para captar la financiación) cada vez es menor. En este sentido, una reforma laboral que va a destruir más empleo, unida al resto de reformas, no aporta confianza ninguna. 

Si lo que la sociedad española desea es recuperar la confianza, aumentando para ello la flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo y favoreciendo una competitividad basada en la calidad, con el objetivo final de favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, por todo ello, y alguna cosa más (como los Presupuestos Generales del Estado), está claro que vamos por el camino equivocado. 

Laura Pérez Ortiz - Augusto Plató