Santos M. Ruesga, artículo publicado en la Revista Ejecutivos (mayo de 2013)
Hace un par de meses escribía sobre el fenómeno de la economía sumergida, un problema socioeconómico siempre presente, con mayor o menor atención, en la realidad de todos los países, desarrollados, emergentes o atrasado. Decía allí que la economía sumergida es “un tema recurrente en toda crisis que se precie, consiste en acudir al refugio de la economía sumergida como factor explicativo de la escasa conflictividad social que se registra en tiempos de espectacular incremento del desempleo y ascenso de las cifras de pobreza y exclusión social”. Quiero hoy continuar con este tema, sin duda de singular importancia, desde otra perspectiva, la de la incidencia del fenómeno en la recaudación fiscal, tema de especial transcendencia en estos tiempos de ajustes presupuestarios.
Desde un cierto punto de vista, en concreto desde el enfoque neoclásico, se contempla la economía sumergida y su hipotética expansión de modo positivo debido a que el “sector informal contribuye a crear mercados, incrementa los recursos financieros, impulsa la función empresarial y transforma las instituciones legales, sociales y económicas necesarias para la acumulación” (Asea, 1996:166). Pero, alternativamente, también hay quien considera que un incremento de la economía sumergida lleva a una erosión considerable de la base fiscal con la consecuencia de una menor provisión de infraestructura y de bienes públicos básicos con la consecuencia final de un menor crecimiento de la economía en su conjunto.
Pero, más allá del debate académico y de las mayores o menores bondades de los métodos de estimación, no cabe duda de que un hipotético aumento de la economía oculta, particularmente si entendemos que se produce desplazando parte de la economía regular u oficial, conlleva una multiplicidad de consecuencias negativas, incluyendo, por supuesto, la pérdida de ingresos fiscales para las diferentes administraciones públicas (brecha fiscal, “gap fiscal”).
