Santos M. Ruesga y José Manuel Lasierra, artículo publicado en El Confidencial
Son muchas la voces que en el mundo político, pero también en el económico, vienen insistiendo en la necesidad de mejorar y extender las políticas de empleo como medio adecuado de facilitar los procesos de creación de puestos de trabajo o al menos de mejorar las condiciones de empleo en los existentes. Y, sin embargo, en estos últimos años, los recortes sucesivos en el gasto en esta materia la han ido relegando a un plano muy reducido dentro del gasto público (a pesar incluso del ligero incremento previsto para 2014).
Al mismo tiempo, el voluntarismo y los lugares comunes han sido actitudes bastante frecuentes entre los gestores públicos, los agentes económicos y los académicos, implicados en la creación y gestión de estás políticas. Lo que ha redundado en una profunda crisis de las mismas, poniendo en cuestión su propia eficacia como instrumento en favor del empleo.
El voluntarismo se observa en la realización de propuestas de escasos o nulos resultados o de difícil concreción práctica. Entre las primeras podemos pensar en la relación debonificaciones a la contratación de determinados colectivos o para la transformación de contratos atípicos en indefinidos. Se trata de actuaciones orientadas a subvencionar a las empresas la contratación, de uno u otro tipo de asalariados. Como la reciente “tarifa plana” inventada para reducir los costes de Seguridad Social a determinadas fórmulas de nueva contratación.
Pocas empresas optarán por contratar a un trabajador o transformar su contrato solo por el incentivo económico correspondiente si no hay una carga efectiva de trabajo que justifique la contratación. Esto es lo determinante, la cantidad de trabajo que la empresa necesita y la continuidad en la actividad para la que se requiere personal. Por esta razón, este tipo de estímulos son poco eficaces en la creación de empleo y, al final, representan un 'regalo' adicional y circunstancial a aquellas empresas que, de todas formas, por necesidades de la actividad productiva iban a contratar. En el mejor de los casos el efecto de estas actuaciones es de “sustitución” (se contrata a un joven, con subvención, frente a un adulto sin ella), de adelantamiento de la decisión (se anticipa la contratación para acogerse a la subvención pertinente) o incluso de “desplazamiento” (haciendo que disminuya la demanda de trabajo).
De igual modo, una propuesta de difícil concreción práctica, para aumentar el volumen de contratados, es aquella relativa a la flexibilidad horaria cuando es de carácter individual y no resultado de pactos entre empresa y trabajadores, al estilo alemán. Y otra, de la que se habla mucho pero realmente es poco efectiva en la dirección señalada, hace referencia alestímulo y apoyo a los emprendedores (tal como la capitalización del seguro de desempleo -cobrando toda la cuantía correspondiente al periodo total de prestación, en una sola vez-) para poner en marcha algún proyecto empresarial.
Los lugares comunes de las políticas de empleo se refieren básicamente a la formación y a las agencias de intermediación (el antiguo INEM, entre otros). Casi todas las propuestas de políticas de empleo hablan de la formación. Pero, conviene recordar que el desempleo en España no es consecuencia de un problema de poca formación de sus trabajadores frente a unos hipotéticos puestos de trabajo que requerirían de un alto nivel de formación (cualificación). De hecho se expulsa mano de obra cualificada, como se pone de manifiesto en el hecho de que el contingente mayor de la emigración española actual lo constituyan los trabajadores más formados.
Por supuesto, la formación nunca sobrará pero insistir en ello, además de culpabilizar al parado (si está parado es porque tiene poca formación) sirve para eludir las propuestas más efectivas contra el desempleo. No es un asunto de si se ha gastado bien o mal en formación, si no de que tenemos personas suficientemente formadas pero no hay empleos que ofrecerles. Acudir a hacer cursos por hacerlos, no es un gasto eficiente, no es efectivo para el problema del paro y puede resultar muy frustrante para las mismas personas que tienen que hacer esos cursos. Además, la motivación para aprender no es igual si no se ve la forma de aplicar esos conocimientos en un empleo inmediato. La extensión laboral de estas actuaciones formativas puede, no obstante, coadyuvar a facilitar la inserción de algunos colectivos específicos que sí muestran carencias de cualificación, como pueden ser los jóvenes con abandono escolar prematuro o los parados de larga duración en fuerte crecimiento en el transcurso de la crisis actual.
Reconocidas estas ineficiencias, se dice que la solución es la formación dual, estilo alemán. Se idealiza el sistema alemán y se olvida que ya existen muchas líneas de formación dual en nuestro país con la cobertura de las prácticas de la enseñanza reglada o los propios contratos en prácticas. Está claro que todo es mejorable y puede ayudar pero no se puede ofrecer como una vía sólida contra el desempleo los programas formativos, la formación en general. Las prácticas requeridas para poner en marcha programas de inserción para estos u otros colectivos se enfrentan a una estructura empresarial profundamente minifundista que dificulta la materialización efectiva de los mismos. Antes de su aplicación conviene analizar y organizar ad hoc el tejido empresarial sobre el que se ejecutan.
Algo parecido ocurre con la intermediación. Es un error pensar que la intermediación es generalizadamente ineficaz, que hay vacantes que no se pueden cubrir por falta de información o por la burocracia. ¿De verdad ocurre eso?¿Dónde están las vacantes? Propuestas ante esa supuesta ineficacia de la intermediación: la tutorización del desempleado, el asesoramiento personalizado. Eso resulta imposible con semejante tasa de desempleo, buscar tutores para todos los desempleados. De hecho, las estadísticas disponibles nos señalan cómo el número de desempleados por cada puesto de trabajo vacante existentes se ha multiplicado por más de 6 a lo largo de la actual crisis, tal como analizamos y explicamos en detalle en un libro de reciente publicación (¿Qué ha pasado con la economía española?, Editorial Pirámide).
El problema, una vez más, es que por más que se coja de la mano al desempleado, no se le va a encontrar empleo, porque no lo hay. ¿Para qué sirven pues estas propuestas? Para ocultar la inacción real y no demandar políticas efectivas.
Y es que se puede actuar sobre otros ámbitos de la oferta productiva, estimulando las capacidades técnicas de empresas y trabajadores (que no es lo mismo que dar cursos de formación) y la iniciativa de los empresarios para que avance la productividad del sistema. Las políticas de I+D+i deben desempeñar un papel fundamental, pero, también la demanda de trabajo ha de ser impulsada por las políticas macroeconómicas.
Desde el lado de la demanda, se necesitan unas políticas fiscales y monetarias completamente distintas a las actuales que fomenten la actividad productiva, y en particular, la industria (más competitiva), así como unaregulación mucho más efectiva de aquellos sectores productivos que eluden la libre competencia y reducen la competitividad de nuestra economía, como por ejemplo telecomunicaciones o energía. Al tiempo que la expansión de los servicios sociales más demandados (dependencia, sanidad) tendría un efecto muy intenso sobre la creación de empleo (la generación de empleo por unidad de valor añadido es muy superior en el sector público con respecto al privado). Y, sin duda, junto a estas actuaciones para estimular la demanda, debería impulsarse el seguimiento mucho más intenso para evaluar la efectividad real de las actuales políticas activas de empleo, para aprender de su propia gestión.
